Como no son suficientes los controles a la compra de divisas, La Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) se lanza a perseguir a quienes compren más de $1.000 en los supermercados. La Administración Fiscal no solo mantiene en vigencia una vieja resolución 256 del año 1998, sino que además fue actualizada por la resolución 3.115, art. 9, inc. d) y
dispuso que el límite sea fijado en $1.000, dejando atrás los $250 que impuso la administración de Carlos Menem.
Todos los supermercados, negocios de ropa y empresas de servicios públicos están obligados a requerir la información fiscal de los clientes que superen ese monto.
Sin embargo, mientras los primeros no están obligados por ley a enviar la información a la AFIP, sí lo están las concesionarias de gas, luz, agua y telefonía fija.
Para evitar tener que pedirles datos fiscales a sus clientes y generar incomodidades, las grandes cadenas de supermercados optan por separar en dos las facturas de más de $1.000 de sus consumidores.
Considerando que la inflación real anual alcanza el 25%, cualquier compra de una familia tipo (cuatro personas)que realice compras para acopiar por dos o tres semanas superará facilmente ese monto. Eso, lleva al consumidor a ser "Observado por la A.F.I.P." como un "Gran consumidor".
La Asociación de Supermercados solicitó a la A.F.I.P. ampliar la cifra de la resolución.
Cdor. Daniel López Pereyra
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